Alteración de evidencias: Es la acción de modificar, destruir, ocultar o manipular evidencias o elementos de prueba relacionados con una investigación o proceso, con el fin de impedir o dificultar el esclarecimiento de los hechos. Esta conducta vulnera la integridad de las investigaciones y puede generar responsabilidades administrativas y penales, de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal y la normativa vigente.

Acoso laboral: Conducta persistente y demostrable ejercida sobre un servidor público o trabajador, ya sea por parte de un superior jerárquico, compañero de trabajo o subalterno, que tenga como objetivo infundir miedo, intimidación, angustia o terror; causar perjuicio laboral; generar desmotivación; o inducir la renuncia del afectado.

Acoso sexual: Conducta de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo que afecte la dignidad de un servidor público o trabajador en el ámbito laboral. Incluye comportamientos físicos, verbales o no verbales no deseados.

Cohecho: Consiste en solicitar, recibir o aceptar, directa o indirectamente, dinero, dádivas o cualquier beneficio indebido para sí o para un tercero, a cambio de realizar, omitir, agilizar, retardar o condicionar actos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas. Esta conducta constituye un delito y puede generar responsabilidades administrativas y penales, conforme al Código Orgánico Integral Penal.

Colusión: Se refiere a un convenio y/o contrato, entre dos o más personas, hecho en forma fraudulenta y secreta, con objeto de engañar o perjudicar a un tercero. Todo acto o contrato hecho por colusión es nulo.

Conflicto de interés: Se refiere a situaciones en que las responsabilidades oficiales de las servidoras o servidores públicos se ven obstaculizadas por intereses personales, o podrían influir indebidamente en la toma de decisiones.

Difamación: Se entiende por difamación el acto de difundir, de manera verbal o escrita, acusaciones o declaraciones falsas en contra de una persona o de la Empresa, que puedan afectar su honor, dignidad o reputación.

Enriquecimiento ilícito: Delito que comete un servidor público o quien actúe con potestad estatal al obtener para sí o para un tercero, directamente o por interpuesta persona, un incremento patrimonial injustificado, producto de su cargo o función, superior a cuatrocientos salarios básicos unificados. Incluye no solo el aumento de dinero, cosas o bienes, sino también la cancelación de deudas o extinción de obligaciones. Está sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Extorsión: La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Irregularidad: Toda acción u omisión que contraviene la normativa legal, reglamentaria o las políticas internas de la entidad, incluyendo las faltas administrativas o de conducta.

Incumplimiento de normativas: Conducta y riesgo derivado de la inobservancia, omisión o incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución, la legislación vigente, la normativa interna, las políticas, reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, que regulan la gestión empresarial. Esta conducta puede afectar la legalidad, la transparencia, el sistema de control interno, la adecuada administración de los recursos públicos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la integridad empresarial, pudiendo generar responsabilidades administrativas, civiles o penales, según corresponda.

Lavado de activos: Es el proceso por el cual los bienes y ganancias monetarias de origen delictivo e ilícito, se invierten, integran o transforman en el sistema económico financiero legal con apariencia de haber sido obtenido de forma ilícita y procurando ocultar su verdadera procedencia, así como su real propiedad y el ejercicio de su dominio y control.

Malversación: Consiste en destinar, utilizar o administrar caudales, bienes o recursos públicos para fines distintos de aquellos legal o institucionalmente previstos, afectando su correcta administración y el cumplimiento de los objetivos públicos. Peculado; hurto o sustracción de caudales públicos.

Nepotismo: Consiste en favorecer o beneficiar a familiares mediante su nombramiento, contratación, promoción o asignación de funciones, cargos o cualquier otra ventaja derivada del ejercicio de un cargo público, vulnerando los principios de mérito, igualdad e imparcialidad.

Tráfico de influencias: Es un delito que comete un servidor público o persona con potestad estatal al prevalerse de su cargo o de una relación personal o jerárquica para influir en otro servidor y obtener un acto o resolución que genere un beneficio económico o inmaterial para sí o para terceros. Conforme al artículo 285 del COIP, se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Peculado: Consiste en la apropiación, uso, disposición o administración indebida de dinero, bienes, documentos o cualquier recurso público confiado a un servidor en razón de su cargo, para beneficio propio o de terceros. Esta conducta constituye un delito y puede generar responsabilidades administrativas, incluida la inhabilitación para ejercer cargos públicos cuando corresponda, así como responsabilidades penales conforme al Código Orgánico Integral Penal.

Represalia: Consiste en cualquier acción u omisión que perjudique a una persona por haber reportado de buena fe una presunta irregularidad o colaborar en una investigación. Estas acciones pueden incluir sanciones, hostigamiento, discriminación, amenazas o cualquier otra medida que afecte sus derechos, condiciones de trabajo o desarrollo profesional.

Soborno: Consiste en ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar dinero, bienes, servicios, favores o cualquier otro beneficio indebido, de forma directa o indirecta, para influir en las decisiones o actuaciones de una persona en el ejercicio de sus funciones, obteniendo un beneficio personal o para terceros. Esta conducta constituye una práctica contraria a la ética, la integridad y la normativa vigente.

Testaferrismo: Consiste en ocultar el verdadero origen o propietario de bienes, dinero u otros activos, aparentando que pertenecen a otra persona para encubrir recursos obtenidos de manera ilícita o injustificada. Esta conducta busca impedir la identificación de los verdaderos beneficiarios y puede generar responsabilidades penales conforme a la normativa vigente.

Usurpación de funciones: Consiste en ejercer, asumir o simular funciones, atribuciones o cargos públicos sin contar con la autorización o el nombramiento legal correspondiente, induciendo a error a terceros o actuando como si se tuviera competencia para ello. Esta conducta constituye una infracción a la normativa vigente y puede generar responsabilidades administrativas y penales.

Uso indebido de bienes: Conducta mediante la cual un servidor público, trabajador o tercero utiliza, dispone, divulga, aprovecha o administra bienes, recursos financieros, materiales, tecnológicos, documentales o información reservada, confidencial o estratégica de una institución para fines distintos a los autorizados, en beneficio propio o de terceros, ocasionando o pudiendo ocasionar afectaciones al interés público, al patrimonio institucional, a la transparencia o a la confianza en la administración pública.

Oferta de tráfico de influencias: Se configura cuando una persona ofrece gestionar o ejercer influencias sobre un servidor público para obtener un determinado resultado y, como contraprestación por esa gestión, solicita o recibe de un tercero dinero, bienes, dádivas, beneficios, promesas u otras ventajas de cualquier naturaleza.