Información General

El Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante decreto ejecutivo No.203 publicado el 14 de enero del 2010, determina la creación de la EMPRESA NACIONAL MINERA DEL ECUADOR (ENAMI EP) como una sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica y administrativa, destinada a la gestión de la actividad minera para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables, actuando en el sector con los más altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.

La ENAMI EP es concesionaria minera de áreas en las que se resalta un interesante potencial cuprífero; y, a su vez, se contempla realizar la cesión y transferencia de derechos mineros sobre las áreas mineralizadas con otros metálicos (oro, hierro, titanio), que también se encuentran a consideración dentro de su Portafolio de Proyectos.

Para acceder a participar en estos yacimientos mineros de comprobado potencial, la ENAMI EP podrá asociarse, constituir compañías de economía mixta, celebrar asociaciones, uniones transitorias, alianzas estratégicas y en general todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas, para cumplir con su objeto social y alcanzar los objetivos nacionales, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y públicas o privadas.

En atención a lo que dispone la normativa ecuatoriana, además goza del derecho preferente para solicitar áreas libres en caso de que un inversionista privado demuestre interés, de esta manera se iniciarían trabajos conjuntos, definiendo la figura legal más favorable.

Así mismo, otorga una amplia capacidad asociativa a través de mecanismos flexibles y dinámicos, con ventajas tales como no pagar patentes de conservación por sus concesiones.

Al pertenecer al sector público, la ENAMI EP ofrece sólidas relaciones intragubernamentales que facilitan los trámites para el desarrollo de la actividad minera y dada la aceptación social de la política institucional, se garantiza fuerte presencia social e interacción con las comunidades en las zonas de influencia de sus proyectos, con la participación directa de personal experimentado en las áreas técnica, social, legal y ambiental.

En este sentido, la empresa estatal despliega actividades geológicas en campo, enfocándose inicialmente en el desarrollo de todas las etapas de la fase de exploración.

 


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